Las modificaciones permiten ahora a los veterinarios independientes operar bajo regulaciones específicas, lo cual es crucial para asegurar que los animales reciban la atención necesaria y de calidad. Esta decisión también facilita la formación de cooperativas veterinarias que puedan complementar el deficiente sistema estatal, mejorando así el bienestar animal en Cuba.

Algunas consideraciones realizadas por el movimiento Animalista sobre el Decreto 20/2020, sobre las contravenciones de la Medicina Veterinaria en Cuba (enero 2021)

Petición: Javier Larrea

El Decreto 20/2020 Contravenciones de la Medicina Veterinaria que acaba de publicar la Gaceta de la República de Cuba (GOC-2021-134-011), es un documento muy completo y detallado que se propone ordenar y unificar el ejercicio de la medicina veterinaria en Cuba, lo cual es muy loable.

Sin embargo, hay un aspecto que afecta tremendamente a los animales de compañía y privados, que no pertenecen a empresas e instituciones estatales, y a sus dueños: la prohibición de que los veterinarios cubanos presten servicios asistenciales como trabajadores por cuenta propia. ¿Por qué?

En primer lugar, porque el sistema estatal de servicios veterinarios cubano ha demostrado no tener la capacidad de satisfacer las necesidades de la población ni de ofrecer servicios veterinarios de calidad. No cuenta con suficientes consultorios, con vacunas, medicamentos ni medios diagnósticos, además de carecer de otros muchos recursos esenciales. Debido a ello, entre otras cosas, muchos dueños de animales buscan los servicios veterinarios privados pues, generalmente, estos cuentan con los recursos necesarios para devolver la salud al animal. Pero hay más: a veces los propios veterinarios de los consultorios estatales adquieren medicamentos por su cuenta para poder dar alguna clase de servicio a los pacientes o para venderlos a quien los necesite a un precio equivalente al fijado por el Estado en las tiendas de productos para mascotas (hasta hace poco en CUC). Tal es la carencia de recursos.

Los protectores que han sido invitados por el Minagri para escuchar sus criterios con relación al próximo Decreto-Ley de Bienestar Animal, le han pedido que permita la creación de cooperativas veterinarias que puedan servir de apoyo al deficiente sistema estatal. Estas cooperativas podrían funcionar como cualquier otra: pagarían impuestos, alquilarían locales al Estado, estarían autorizadas por este para importar medicamentos, vacunas y medios diagnósticos, etc., y funcionarían, en suma, bajo los reglamentos que determine el Ministerio de la Agricultura o la institución que corresponda, lo cual resolvería un inmenso y creciente problema que el Estado no está en condiciones de resolver.

El propio Ministerio de Agricultura ha sostenido que la salud es una sola. Entonces, ¿Cómo no comprende que la salud de una mascota impacta directamente en la salud de su dueño? ¿Cómo cree que se siente una persona (o una familia) que acude a un consultorio veterinario del Estado y no encuentra solución para el problema de su animalito? En contraposición a esto, los veterinarios privados han estado solventando este problema durante décadas. ¿Qué no han pagado impuestos? Bueno, es que nadie se los ha pedido. Y estamos de acuerdo en que los paguen, pero la solución no es impedir que trabajen sino regular la manera en que lo hacen. Hasta la década del 90 del siglo pasado podían, incluso, extender recetas tan válidas como las de cualquier médico.

Esta prohibición del ejercicio veterinario por cuenta propia deja a los dueños de animales de compañía y afectivos, y a estos mismos, en una gran indefensión, por varias razones:

Los dueños de animales afectivos ya no tendrán a su alcance los medicamentos que necesitan sus mascotas, con las consecuencias de dolor e impotencia que esto generará, pues el Estado no está en capacidad de proveérselos como lo hacen los veterinarios particulares.

Los dueños de animales quedan ahora sin la posibilidad de escoger al veterinario de su preferencia, al que consideren más competente para atender a sus mascotas enfermas, y tendrán que conformarse con el que les toque en el consultorio del Estado, sea de su agrado o no, lo consideren capacitado o no, esté interesado en los animales o no, lo cual afectará a todos: a los animales y también a los dueños, que sufrirán al no ver a sus mascotas en las manos que consideran mejores y al no poder proporcionarles los mejores cuidados posibles. Recordar que los animales afectivos son parte de la familia humana y se sufre por ellos como se sufre por un pariente querido.

Los veterinarios particulares generalmente operan en la localidad, en el barrio, por tanto, los pacientes se ahorran el altísimo precio de alquilar un transporte para moverse más lejos, lo cual, de ahora en lo adelante, no será así.
Los dueños de animales que no puedan trasladarse fuera de la casa tampoco podrán contar con los servicios a domicilio que algunos veterinarios particulares ofrecen.

¿Y qué decir de las afectaciones a los animales callejeros rescatados por protectores y animalistas? En muchos casos, estos cuentan con los servicios gratuitos o voluntarios de veterinarios privados. El Estado no es quien hace campañas de desparasitaciones, vacunaciones ni esterilizaciones. Todos esos servicios los proveen los veterinarios particulares para ayudar al Bienestar Animal y al de la comunidad.

Estas son solo algunas de las adversas consecuencias que traerá la prohibición de prestar servicios veterinarios por cuenta propia. Hay muchas más, que se irán visibilizando con el tiempo.

Por favor, Minagri, considera estos problemas y estas situaciones, y rectifica esa prohibición.

Lo que pedimos al Estado es que regule los servicios veterinarios por cuenta propia, no que los prohíba pues han demostrado su importancia y su utilidad.

La población los necesita!

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